Una rigurosa investigación realizada por la Policía Nacional en el mes de abril, en poder de Confidencial, explica las principales claves en torno a la caída de Walter Porras como Director General de Ingresos (DGI), un misterio que hasta ahora se ha mantenido oculto bajo el silencio oficial.
El informe revela el involucramiento de Porras en una red enquistada en la DGI, y conectada a poderosas figuras del partido de gobierno (FSLN) como el coronel en retiro Lenín Cerna, que confabulados con algunos empresarios, causó una millonaria defraudación en perjuicio del Estado.
La investigación conducida por la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), que dirige el comisionado mayor Alvaro Herrera, y por la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), bajo el mando de la también comisionada mayor Glenda Zavala, se titula “Informe de Investigación sobre la devolución de Impuestos DGI”.
Un segundo informe de Auxilio Judicial, de carácter reservado, fechado el 19 de abril, presenta los resultados de la investigación sobre la autorización de “devolución de Impuestos al Valor Agregado”.
La devolución es un mecanismo legal mediante el cual el fisco regresa a las empresas lo que han pagado de más en impuestos o bien por los tributos pagados en la compra de bienes y servicios por los cuales gozan de exoneración fiscal.
Mediante la disposición administrativa 01-2010 emitida en abril de 2010, Walter Porras estableció que a las empresas se les podía desembolsar hasta el 50% de sus saldos a favor solamente sin revisión previa. El otro 50% se regresaría luego de una revisión rigurosa por parte de la Dirección de Fiscalización.
Así se comenzó a tejer una trama de extorsión en la que las empresas recibían parte de su devolución de impuestos, a cambio de una intrincada negociación en la que se lucraba una selectiva lista de gestores.
Según datos oficiales publicados en el semanario Confidencial el pasado 17 de abril, las devoluciones de impuestos se duplicaron entre 2009 y 2010, pasando de 492 millones de córdobas a 1,006 millones el año pasado. En los primeros tres meses y medio del 2011, según el informe policial, la DGI ya llevaba devueltos un poco más de C$478 millones.
El documento policial resalta que “la discrecionalidad absoluta con que actuó el Director General de Ingresos Walter Porras para autorizar las devoluciones de impuestos sin la debida revisión”, creó las condiciones propicias para que se desarrollara una red de intermediarios “para negociar directamente con los contribuyentes y obtener un lucro personal”.
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