Porras daba cifras falsas

Mientras el asesor presidencial para Asuntos Económicos, Bayardo Arce, y la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, confirmaban que el presidente Daniel Ortega ordenó la investigación policial en la DGI, que ha revelado un enorme fraude contra el Estado, el titular de la Contraloría General de la República, CGR, Guillermo Argüello Poessy, lamentaba que no los tomasen en cuenta para dicho proceso. “Está claro que hay algo anómalo en la DGI, por eso el presidente Ortega mandó a hacer una investigación”, dijo Arce ayer, luego de reunirse con el sector empresarial. “Por eso” –añadió-- “se ha hecho una reestructuración en los cuadros directivos de esa entidad, para que no se permitan malos manejos con los fondos que pagan los agentes económicos a través de la Dirección de Ingresos, y posteriormente los resultados (de la investigación) se van a dar a conocer”. En esa misma línea se pronunció ayer la primera comisionada Aminta Granera, quien se limitó a decir que fue el propio presidente Ortega quien giró instrucciones para que se realicen investigaciones, que involucran trabajo investigativo “público y secreto”, en todas las instituciones del Estado, incluyendo la DGI. No obstante, insistió en que será la CGR que dará a conocer los resultados. “La Contraloría es la institución, conforme la ley, a quien le corresponde pronunciarse sobre los hallazgos que se puedan encontrar en este caso, cualquier otro pronunciamiento nosotros ni lo podemos hacer, ni lo podemos comentar, ni reconocer”, se justificó Granera, olvidando que en otras ocasiones la Policía sí ha brindado información sobre casos similares, y que los contralores de facto han desmentido que la CGR haya orientado una investigación en la DGI.

CGR lamenta que la hayan ignorado El presidente de la Contraloría y colegiado con período vencido, Guillermo Argüello Poessy, lamentó que la Policía Nacional no se haya auxiliado en ellos para desarrollar el trabajo que se ha dado a conocer desde la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, relacionado con un enorme fraude perpetrado en contra de las arcas públicas desde la Dirección General de Ingresos, en tiempos de su corrido titular, Walter Porras. Argüello Poessy dijo desconocer el informe policial que se ha dado a conocer extraoficialmente desde el lunes pasado, pero consideró que lo publicado por el programa televisivo “Esta Semana” y EL NUEVO DIARIO, reclama actuar del ente fiscalizador por el alcance que tiene. “Yo creo que la Policía Nacional pudo haber recurrido a la Contraloría, que tiene el equipo humano y técnico para realizar este tipo de trabajo, pero nosotros a propuesta mía, vamos a ampliar esa auditoría para meternos en esa situación”, dijo el colegiado. “Mi opinión es que la auditoría que hemos venido realizando, debe ampliarse para comprender los hechos relacionados en el año 2010. No he visto ese informe, pero por eso creo que es necesario ampliar la auditoría y que sean revisadas detenidamente esas operaciones”, señaló. “No sé si era ese el temor que tenía el señor Porras (que se descubriera el fraude), pero lo más prudente es ampliar la auditoría”, concluyó. Porras trató de torpedear el trabajo que venían realizando los auditores a su gestión. Ante esa situación, los colegiados decidieron quejarse ante el presidente Daniel Ortega.

Arce dudaba de cifras que daba Porras Al respecto, el asesor presidencial Bayardo Arce dijo ayer que han informado al Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, que hasta ahora “no conocen que ninguna de las empresas formales de las que lideran cámaras afiliadas, estén involucradas en algún acto delictivo con lo que se investiga en la DGI”. “Este es un problema que había sido planteado por el Cosep, incluso yo hice señalamientos en algún momento sobre el hecho de que los reportes que hacía el licenciado Walter Porras sobre los incrementos de recaudación, no respondían a los resultados netos, porque él tenía que hacer devoluciones del IVA como corresponde”, dijo. Incluso, señaló que con base en esos problemas por planteamientos de la Cámara de la Construcción, del Cosep y de otros gremios como los banqueros, se conocía de un retraso en la devolución de esos pagos de impuestos. “Ese asunto como producto de una reunión que se tuvo hace poco con la Asociación de Bancos, se ordenó reactivar el sistema de adelanto de IR de esas empresas, y se metió en el reglamento un proceso para que en 36 meses se les regresara todo lo que les tenía pendiente la DGI”, indicó.

No sabe si habrá proceso judicial Algo que no supo responder con claridad Arce es si el proceso de investigación ordenado por Ortega culminará en un proceso judicial, que es lo que ha demandado el mismo sector empresarial y la ciudadanía que paga impuestos. “Esto (la investigación) no es para satisfacer el morbo de los que leen periódicos, no es una acción externa, el gobierno ordenó la investigación, somos nosotros limpiando la casa”, dijo cuando se le consultó al respecto. ¿Vamos a ver a los involucrados en los juzgados? Se le consultó al asesor presidencial, y su respuesta fue: “Eso lo sabremos cuando estén los resultados finales, y si hay actos delictivos punibles se tomarán las medidas de ley correspondientes”, olvidando que él mismo había calificado de “actos delictivos” los hechos acaecidos en la DGI.

TAM ampara a Porras Mientras tanto, se conoció que el Tribunal de Apelaciones de Managua admitió el recurso de amparo por amenazas de detención ilegal a favor de Porras, porque la Policía Nacional informó que no había ninguna investigación en contra del recurrente, explicó la magistrada Rafaela Urroz, miembro de la Sala Penal Uno, que estudió el caso. Además, el Ministerio Público, la otra institución contra la que se amparó Porras, informó no saber nada sobre investigaciones que hiciera la institución del orden público en contra del ex funcionario. La Fiscalía solicitó que se declarara improcedente el recurso interpuesto por Porras, por carecer de todo fundamento jurídico y lógico, ya que esa institución no ha tenido participación en esos actos. Sin embargo, la magistrada Urroz justificó la admisión del amparo, alegando que servirá para garantizar el derecho al recurrente de no ser detenido “arbitrariamente”. Porras se amparó contra la Dirección de Investigaciones Económicas y la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, desde el 14 de abril, y contra el Ministerio Público el 18 de abril o el miércoles Santo. Los otros magistrados firmantes del recurso de amparo son Napoleón Pereira y Norman Miranda.