Las declaraciones de los indiciados, así como las conclusiones de los investigadores de la DIE, permiten vislumbrar cómo ambas redes se mezclaban, relacionaban y coordinaban para obtener el máximo beneficio, tratando de conferir un aire de legalidad a sus operaciones.
Los informes detallan que dentro de la DGI, el grupo estaba liderado por el Director, Walter Porras, e integrado por Daniela Rodríguez Callejas, que fungía como Jefa del Departamento de Devoluciones de la DGI, y era parte del grupo de caraceños que le acompañó en su administración.
Junto a ella estaba también su subordinado directo, el analista y supervisor Pablo Pérez López, que le ayudaba a hacer el “trabajo sucio” que les encomendaba Porras, los que pasaban las cartas de autorización de cheques de devoluciones del IVA, a manos de la Directora Jurídica Tributaria, Dora Fiallos Alfaro, que las firmaba.
Confidencial solicitó una entrevista con Daniela Rodríguez. Inicialmente, indicó que estaba dispuesta a hacerlo, pues no tiene ninguna responsabilidad en lo que se le investiga. Pero a última hora declinó cancelando la cita.
Las confesiones de unos y otros muestran que el grupo estaba en sintonía con el de los gestores, que encabezaban José Luis Hernández y Judith Reyes Balmaceda, quienes se conocieron en el 2009 gracias a Yamil Avilés Pérez, administrador de rentas de Sajonia, y que sería pieza clave para introducirlos al círculo creado por Walter Porras.
El recaudador Avilés dijo que conoció a José Luis Hernández en 1997, cuando llevaron juntos un posgrado de formación en auditoría, pero además, porque ambos trabajaron en la DGI a finales de los años ’90 del siglo pasado.
Algún tiempo después, Avilés conoció a Judith Reyes, quien llegó a solicitarle trabajo, “ya que es la compañera de un amigo” suyo, de nombre Oscar Dávila, con lo que el círculo estaba completo.
Aunque el administrador Avilés ocupa poco espacio en las declaraciones de los indiciados ante la DIE, estos señalan una y otra vez la fama que el funcionario se ha labrado a lo interno de la DGI, donde muchos de los trabajadores han escuchado decir de él que “es corrupto”, o que “acepta dinero por cualquier trámite”.
En su declaración, el propio Avilés concede visos de veracidad a esas afirmaciones, cuando admite que aceptó cinco ‘premios’ de diez mil a veinte mil córdobas cada uno, “por la gestión de agilización de emisión de cheques del MINSA”, los que habían sido emitidos para pagar facturas de la Distribuidora César Guerrero, S.A. (DICEGSA).
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